Europa afloja con el veto de 2035: por qué dar marcha atrás con la combustión nos saldrá caro a todos

Varios coches circulando por una autovía junto a un complejo industrial con paneles solares y aerogeneradores en un día soleado.
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El pasado 4 de noviembre, la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó, con 48 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, una propuesta que rebaja la exigencia de reducir el 100% de las emisiones de los coches nuevos en 2035 a un 87,5%, abriendo la puerta a que cerca del 30% de las ventas sigan llevando motor térmico. Si os soy sincero, la noticia me ha dejado un poso amargo, no porque no entienda los agobios de la industria tradicional, sino porque creo que estamos tropezando exactamente en la misma piedra de siempre.

Llevo muchos años haciendo kilómetros en eléctrico a diario, viendo crecer la infraestructura poco a poco y conviviendo con los aciertos y los errores de esta transición. Cuando lees la letra pequeña del texto que irá a votación al pleno en diciembre, te das cuenta de que la Unión Europea está cediendo a las presiones de los grandes grupos automovilísticos para ganar un tiempo ficticio. Pero el mercado no espera a los calendarios de los despachos: al comprador que busca dar el salto al eléctrico no les va a esperar, y si no encuentra la respuesta en casa, la buscará fuera.

Qué ha votado realmente el Parlamento Europeo para 2035

Hasta ahora, el plan era tajante: cero emisiones por el tubo de escape en 2035. La propuesta salida de la comisión, liderada por el ponente Massimiliano Salini, cambia por completo las reglas de juego y añade una serie de fórmulas para diluir el impacto:

  • Reducción del 87,5% de emisiones de CO2 respecto a los niveles de 2021, en lugar del 100% fijado originalmente.
  • Compensación del 7,5% adicional mediante el uso de acero bajo en carbono producido en la Unión Europea.
  • Coches con combustibles sintéticos (e-fuels) que computarán como modelos de cero emisiones siempre que utilicen exclusivamente carburantes sostenibles.
  • Supercréditos industriales: los utilitarios eléctricos de hasta 4,2 metros fabricados en Europa contarán como 1,4 vehículos para el promedio de emisiones de cada marca, mientras que el resto de eléctricos y furgonetas producidos en suelo europeo tendrán un factor de 1,2.
  • Sanciones de 95€ por gramo de exceso de CO2 por cada coche matriculado, lo que para una marca con un millón de unidades y una desviación de 10 gramos supondría una multa de 950 millones de euros.
  • Flotas de empresa: a partir de 2028, las ayudas para flotas de compañías de más de 250 empleados se reservarán a modelos fabricados dentro de la UE.

En paralelo a esto, Francia y Alemania ya negocian en el Consejo para rebajar la exigencia al 90% sin compensaciones de acero ni de carburantes, mientras que la patronal europea ACEA califica la flexibilización como un paso hacia la neutralidad tecnológica, aunque todavía la ve insuficiente.

La coartada de los e-fuels frente a la realidad de la carga

Que un vehículo impulsado exclusivamente por carburantes sintéticos cuente sobre el papel como un modelo de cero emisiones me parece una coartada muy mala para estirar el chicle del motor térmico, y muy poco realista para el bolsillo del conductor medio. Los combustibles sostenibles son caros de producir, van a ser escasos y su destino lógico debería ser la aviación o el transporte pesado, donde electrificar por batería es infinitamente más complejo y está lejos aún.

Decirle a una familia que podrá seguir comprando un utilitario de gasolina después de 2035 porque existirá la opción de repostar combustibles sintéticos a precios desorbitados es esconder el bulto. El coste de repostar un coche así difícilmente va a competir con la recarga en casa o con las tarifas que vemos en la carretera. Pretender que esa sea la salvación del coche popular para la siguiente década es tapar el sol con un dedo.

Infografía sobre el cambio de rumbo hacia 2035 en la UE con gráficos de emisiones, impacto en el mercado, votación y datos económicos junto a un coche blanco enchufado a un punto de carga.

El coste real de cambiar las reglas a mitad de partido

El mayor daño a este sector se lo hace la incertidumbre constante. La organización Transport & Environment calcula que ya se han comprometido más de 200.000 millones de euros en el ecosistema eléctrico europeo, entre fábricas de baterías, reconversión de líneas de montaje e infraestructura de carga. Cuando cambias los objetivos cada dos por tres, consigues paralizar las decisiones de los consejos de administración y, lo que es peor, introducir dudas en los compradores.

El tiro le puede salir a Europa por la culata. Si los fabricantes europeos reducen el ritmo, recortan oferta o se acomodan en el margen que les deja la combustión residual, el usuario no se va a quedar esperando a que vuelvan a tener ganas de competir. Quien ha probado la suavidad, la respuesta instantánea y el ahorro por kilómetro de la tracción eléctrica difícilmente vuelve atrás. Si las marcas europeas no ofrecen alternativas eléctricas competitivas en autonomía, software y precio, los compradores simplemente mirarán hacia los fabricantes chinos, que no solo no han aflojado la marcha, sino que llevan años perfeccionando su tecnología.

España ante el tablero: una oportunidad industrial inesperada

Paradójicamente, dentro de este laberinto normativo, España se encuentra en una posición que puede resultar ventajosa. Mientras otros países del norte de Europa debaten cómo blindar sus marcas tradicionales, cada vez más fabricantes chinos están mirando a la península ibérica para instalar plantas de producción y ensamblaje de baterías y vehículos.

Con un tejido de proveedores del motor consolidado, energía renovable competitiva y espacio industrial, nuestro país tiene papeletas para captar una parte relevante de esas inversiones que buscan esquivar aranceles y cumplir con los requisitos comunitarios. Si los modelos chinos terminan fabricándose en suelo europeo para beneficiarse de los mismos coeficientes y ayudas que los locales, el mapa de la producción en nuestras fábricas puede cambiar de color muy rápido en los próximos años.

El Parlamento Europeo tendrá la última palabra en el pleno de diciembre antes de que el texto pase al Consejo y a la Comisión. Veremos qué queda de esta propuesta tras las negociaciones, pero la sensación de que estamos perdiendo un tiempo valiosísimo en disputas burocráticas ya no nos la quita nadie. ¿Cómo veis vosotros este paso atrás de Bruselas: un respiro sensato para la industria de aquí o una concesión que pagaremos más adelante?

Imagen de cabecera e infografía generadas por IA

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